La historia de este genocidio comienza con una ley. En 1931, el gobierno nacional celebró la ley 80, un contrato por 50 años con la Colombian Petroleum Company y la South American Gulf que otorgaba los derechos de explotación de las fuentes de petróleo. Esto, en nombre de un “interés general” que no cobijaba a nuestro Pueblo. En todo el texto los Barí nunca aparecemos como pobladores originarios, ni siquiera como personas; éramos una amenaza que el Gobierno se comprometió a repeler. En la ley se lee: “El Gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección debida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario”.
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